Se abrió fuego cruzado en el Instituto Nacional de Cine y Audiovisuales (INCAA) luego de que, en una denuncia anónima revelara que se gastaron casi $7 millones en fotocopias y artículos de librería.
Desde la entidad aseguraron el domingo que rescindieron contratos a las cinco empresas gráficas encargadas de confeccionar y preparar material gráfico, folletos, afiches y artículos de librería para ser utilizados en las tareas promocionales, y aceptaron las renuncias de los involucrados, Bernardo Bergeret, gerente de Asuntos Internacionales, y Nicolás Yocca, gerente de Administración.
Además, un empleado fue suspendido, otro separado de sus funciones, se iniciaron algunos sumarios y se le rescindió el contrato a la abogada Sandra Menichelli, que trabajaba como asesora del INCAA en el área de compras.
Sin embargo, el comunicado del institituto, lejos de traer calma, encendió el fuego y Bergeret salió a desmentir que hubiera dimitido. A través de una carta que se cierra con una cita de Ionesco “No capitularé”, el funcionario de más de 10 años de trayectoria en el INCAA dijo que es “ajeno a las infamias que me atribuye una denuncia anónima”.
Y agregó: “Ni he cometido irregularidades, ni las consentí. Esta denuncia, imagino, pretende cobrarse algo que ni siquiera entiendo qué puede ser, pero algún interés habrá sido afectado. Espero llegar a conocer cuál fue”.
Los hechos se iniciaron con una denuncia anónima enviada desde una cuenta de correo electrónico (incaacorrupto@gmx.es) a funcionarios, periodistas y a la Oficina Anticorrupción.
Intervino la Unidad de Transparencia Institucional (UTI) del INCAA, creada durante la gestión de Ralph Haiek, y allí se comprobó la “verosimilitud de algunos de los dichos vertidos por el denunciante”, según la resolución oficial.
Entre ellas, una gran cantidad de contrataciones directas por un total de $6.487.600 con las empresas gráficas Paysandú, Visual, Item 54, Hidden Castle y Print Forms, ninguna de ellas por montos superiores a los $500.000 para evitar licitaciones y controles.
Todas las actuaciones fueron enviadas a la Oficina Anticorrupción, que se encargará de averiguar si hubo relación entre esas firmas y las personas denunciadas.
“En virtud de lo dictaminado por esa unidad y la gravedad de los hechos denunciados, se suspendieron los pagos pendientes de ejecución y las órdenes de compra vigentes. Al mismo tiempo, se resolvió abrir actuaciones sumariales para determinar la eventual responsabilidad en que pudieran haber incurrido los funcionarios implicados, a quienes se desplazó de sus funciones”, comunicó el INCAA.
(Fuente:IProfesional)
